Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Defensa Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa; intervención procesal; acompañamiento de procesos estratégicos en contra del Estado en defensa de los intereses litigiosos de la Nación; así como representar judicialmente a la Entidad en los procesos en los que decida intervenir de acuerdo con criterios previstos en el Decreto 4085 de 2011 y normas reglamentarias.