El contratista se obliga con el Ministerio del Interior a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica; administrativa y financiera; sus servicios profesionales para apoyar a las entidades territoriales asignadas; en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención de violaciones de los derechos a la vida; libertad; integridad; seguridad personal y demás derechos que por su posible vulneración; puedan representarles una afectación; como consecuencia del conflicto armado