LA CONTRATISTA se obliga para con el Ministerio del Interior a prestar por sus propios
medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales a la
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial apoyando la implementación y seguimiento de
las Políticas Públicas de descentralización y Ordenamiento Territorial en el Departamento
del Atlántico y sus municipios.