La CONTRATISTA se obliga con la Defensoría del Pueblo a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales para la orientación; acompañamiento; seguimiento y promoción de la política pública para la atención y reparación de las víctimas; pertenecientes a los grupos étnicos atendidos por la Regional del departamento de Sucre.