El contratista se obliga con la Defensoría del Pueblo a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales para coadyuvar jurídicamente el seguimiento y cumplimiento a las ordenes contenidas en fallos judiciales y atención a problemáticas socioambientales en defensa y protección de los derechos colectivos - Regional Bolívar.