La contratista se obliga con el Ministerio del Interior; a prestar por su propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios Profesionales para apoyar a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial; en el seguimiento al fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico.